RIATA     Pensar y actuar a contracorriente

La Soberanía: Causa Justa

del Pueblo Panameño

 

Víctor Avila

Cronología de una lucha (Tomado de la revista Tareas No. 84, mayo-agosto, 1993, págs.. 27-41)

 

Los ideales nacionalistas de los panameños se expresaron con claridad en mayo de 1958 con la siembra de banderas en la Zona del Canal, operación que realizaron estudiantes universitarios, y que causó gran impacto en el país. Igual podemos decir de las multitudinarias marchas de noviembre del año 1959, cuando miles de panameños pasearon el emblema nacional por la Zona del Canal desafiando a la policía y al ejército de Estados Unidos.

 

Las condiciones para demandar la abrogación del colonialista Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 estaban dadas. De allí que el 9 de enero de 1964 la represión violenta de una marcha estudiantil que intentó izar el pabellón nacional en la Zona del Canal, desató la rebelión anticolonial más significativa y trascendente en la historia del pueblo panameño. En esas memorables jornadas nacionalistas de 1964 el país exigió soberanía efectiva sobre todo su territorio, así como la terminación del enclave colonial de la Zona del Canal. El presidente de Panamá, Roberto F. Chiari, ante la presión de la opinión pública, decretó la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, acusó a dicho país en la OEA y la ONU de agresión a la república y solicitó negociaciones diplomáticas para abrogar el Tratado de 1903 cuyo contenido colonialista era rechazado por el pueblo panameño.

 

El heroísmo demostrado en la lucha por su dignidad e independencia, generó un sentimiento de solidaridad internacional a favor de Panamá y de su justa causa patriótica.

 

En esas condiciones históricas, era evidente que las relaciones contractuales entre Panamá y Estados Unidos requerían una revisión integral. El colonialismo resultaba un anacronismo histórico insostenible, y el pueblo panameño estaba decidido a los mayores sacrificios para alcanzar sus metas nacionales.

 

Las negociaciones se iniciaron en el mes de abril de 1964, y culminaron en el año 1967, cuando circularon en el país tres anteproyectos de tratados que fueron considerados inaceptables. Dichos anteproyectos ni siquiera fueron firmados por los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, ya que fue tal el rechazo del pueblo panameño a esos documentos, que se consideró peligroso firmarlos, para la estabilidad del gobierno del presidente Marco Robles. El fracaso de las negociaciones puso de manifiesto la incapacidad de la clase oligárquica gobernante para dirigir al pueblo en su lucha por la soberanía e independencia del país. Las repercusiones políticas y sociales de los sucesos de enero de 1964, así como el resultado negativo de las negociaciones, fueron de la mayor significación.

 

Por esta razón, no es aventurado afirmar que el golpe de Estado de octubre de 1968 tenía como una de sus causas principales el debilitamiento orgánico de dicha oligarquía, fenómeno que se puso en evidencia durante las negociaciones con Estados Unidos. Desde luego, la invariable proclividad antinacional del régimen oligárquico, su aislamiento de los sectores populares y la política represiva que aplicaba, determinaron su agotamiento histórico. Por supuesto, el entreguismo de esa clase, sin conciencia histórica de la nacionalidad, la descalificaba para seguir gobernando.

 

El advenimiento del gobierno militar en 1968 estuvo precedido de pugnas y acciones de violencia en el torneo electoral de mayo de ese mismo año. En sus inicios, el régimen militar no contó con el beneplácito del sector oligárquico mayoritario que apoyaba al Dr. Arnulfo Arias, ganador de las elecciones de mayo de 1968, ni tampoco del apoyo de Estados Unidos de América.

 

La política inicial del régimen militar fue represiva, sin un plan definido del gobierno, sin orientación clara de sus objetivos. En esta fase, fueron encarcelados decenas de panameños de las más diversas orientaciones ideológicas, muchos fueron deportados y torturados, se clausuró la Universidad Nacional durante varios meses y se anularon elementales derechos democráticos. No fueron pocos los panameños que en distintas circunstancias y por razones políticas e ideológicas diversas, perecieron en enfrentamientos o en manos del aparato militar.

 

Sin embargo, los acontecimientos del 16 de diciembre de 1969, cuando algunos oficiales derechistas de la Guardia Nacional intentaron desalojar del poder al General Omar Torrijos, produjeron ciertos cambios en la orientación del gobierno militar. Surge, con posterioridad a dicho suceso, la línea populista y nacionalista que sirvió al General Torrijos para aproximarse a los sectores populares.

 

En estas condiciones, el régimen militar se propuso impulsar algunos cambios políticos, económicos y sociales, los cuales fueron recogidos en la Constitución Nacional de 1972. Así surgieron nuevas estructuras políticas, se impulsaron reformas en el camino de la salud y la educación. Las relaciones laborales fueron definidas en un nuevo y moderno Código del Trabajo. Pero, sobre todo, la política internacional de la República se hizo realmente independiente.

 

Dentro de este marco de relaciones políticas internas y externas, se desarrollan las negociaciones con Estados Unidos que culminan con la firma de los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Las negociaciones fueron complejas, difíciles, y el gobierno de la época tuvo el acierto de buscar el respaldo de Latinoamérica, a fin de romper las tradicionales y secretas negociaciones bilaterales entre ambos países, dándole paso a una nueva diplomacia. El caso panameño se convirtió en tema de gran interés para los países llamados del tercer mundo y la opinión internacional.

 

La firma de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, definió un camino para enfrentar el problema colonial que afectaba parte del territorio nacional. Se estableció que el último día del año 1999, deben desmantelarse las bases militares estadounidenses en Panamá y abandonar el suelo patrio dichas tropas, reintegrándose a la jurisdicción de la República todas las tierras ocupadas y la vía acuática. Estos tratados fueron recibidos con simpatía en Latinoamérica, ya que establecían un mecanismo pacífico de superar –en gran medida- el problema colonial que afectaba a la República desde su nacimiento en 1903.

 

Muchos panameños han criticado el Tratado de Neutralidad, particularmente la llamada enmienda De Concini, que otorga, más allá del año dos mil, derecho a Estados Unidos a intervenir en el Istmo, cuando el canal interoceánico estuviera amenazado por supuestas situaciones internas de Panamá. Dicho tema ha sido objeto de amplios debates, defendiendo unos lo pactado como lo máximo que se pudo obtener; en tanto que otros atacan lo negociado por haber dejado abierta la puerta para futuras intervenciones norteamericanas en el país después del año dos mil. No obstante, es oportuno señalar que, precisamente gran parte de los sectores que adversaron los Tratados Torrijos-Carter en razón de la enmienda De Concini, estuvieron entre los que aplaudieron la sangrienta invasión del 20 de diciembre de 1989.

 

El proceso de devolución a Panamá de las tierras y bienes de la Zona del Canal, así como la participación nacional en el manejo de la vía interoceánica, se venía cumpliendo en lo fundamental, pese a los obstáculos de la arbitraria Ley 96-70, dictada unilateralmente por el congreso de Estados Unidos para ejecutar los tratados de 1977.

 

Sin embargo, la participación panameña en la defensa del canal, problema de enorme trascendencia y significado político, quedó interrumpida ototalmente a raíz de la invasión norteamericana de 1989.

 

Sectores ultraconservadores en Estados Unidos han planteado la necesidad de renegociar los Tratados Torrijos-Carter a fin de mantener, más allá del año dos mil, las bases militares norteamericanas. De igual manera, en Panamá, elementos y grupos partidarios de los intereses imperiales y hegemónicos de Estados Unidos, vienen agitándose en esa misma dirección.

 

La invasión de 1989 ha puesto en entredicho la soberanía del Estado panameño. Las diversas justificaciones que han ensayado los propios gobernantes del país, frente a ese hecho de fuerza de Estados Unidos, contrario a las normas del derecho internacional, han contribuido a esa mala imagen internacional de la República.

 

El principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, consagrado en las Cartas de la ONU y de la OEA, es fundamental para la paz y la convivencia entre los Estados. Ningún país, por poderoso que sea, está facultado para invadir a otro Estado y tomar decisiones que lo afecten en su desarrollo.

 

Ni siquiera la existencia de un mal gobierno –y son muchos los malos gobiernos que existen en el mundo- puede servir de pretexto para justificar una sangrienta intervención extranjera. Compete a cada pueblo buscar los mecanismos adecuados y pertinentes para resolver sus problemas políticos internos.

 

En este sentido, nada puede justificar la acción militar de los Estados Unidos de América, el 20 de diciembre de 1989, contra la República de Panamá. La presencia de un General corrupto y dictador en el poder, es un problema que los panameños teníamos que enfrentar y resolver.

 

En Latinoamérica son muchos los ejemplos de heroísmo que han dado los pueblos frente a tiranos como Trujillo, Somoza, Pérez Jiménez, Batista, Duvalier, Pinochet, quienes sojuzgaron por décadas a sus connacionales, con el respaldo decidido de Estados Unidos de América. Todos estos déspotas fueron al final derrotados por sus pueblos, con sacrificios y abnegación.

 

Es por eso que muchos panameños se preguntan si la destrucción del ideal patriótico de forjar un Estado Nacional independiente, meta por la que ha luchado nuestro pueblo desde el siglo XIX, fue acaso otra misión encomendada al General Manuel Antonio Noriega para favorecer la estrategia neocolonialista de EE.UU.

 

No cabe duda, el precio que la nación panameña ha pagado por la expulsión del General Noriega del poder ha sido muy alto. Dicho militar estuvo muchos años –hoy nadie lo discute- en la planilla de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos de América, cumpliendo diversas tareas a favor de esa potencia mundial. Su apego personalista al poder, en el marco de una grave crisis política interna, exacerbada por las drásticas sanciones económicas impuestas por el gobierno norteamericano, deterioraron la economía del país. El cierre de la banca, la quiebra de múltiples empresas, el bloqueo económico y el desempleo masivo, derivados de la crisis, enconaron el ambiente nacional, lo que permitió al imperio la manipulación de las conciencias a través de una campaña de propaganda sin precedentes en Panamá.

 

La consecuencia, como era de esperar, fue que amplios sectores prefiriesen cruzarse de brazos y hasta aplaudir la invasión, antes que desarrollar cualquier tipo de acción política que pudiera interpretarse como muestra de apoyo al controvertido General gobernante. Al parecer, Noriega sirvió de carnada para atrapar al pez más grande: la nación panameña. Los istmeños, simplemente, mordieron el anzuelo.

 

Es oportuno recordar que en los documentos de Santa Fe II se estableció, con meridiana claridad, la estrategia para someter a Panamá a la política de Washington. Allí se planteó la instalación en el país de un gobierno dócil a los intereses estadounidenses, la liquidación del ejército nacional, la privatización de las empresas estatales, así como reformar la Constitución política, el Código de Trabajo, las leyes de seguridad social, etc., a fin de complacer los intereses neocoloniales norteamericanos.

 

¿Quién puede alegar que dichos objetivos eran desconocidos por los panameños? La invasión del 20 de diciembre de 1989 estaba anunciada de antemano, así como sus metas antinacionales. Sin embargo, al General Noriega y a sus allegados íntimos parecía no importarles estos peligros.

 

Es preciso señalar que nunca se consideraron alternativas serias para resolver la crisis, y que tampoco existían planes concretos para resistir la agresión. La impopularidad del régimen, en razón de que no había un proyecto de gobierno que contemplara medidas populares y reivindicativas sociales, además de la represión de los militares contra amplios sectores, facilitaron los planes a los adversarios internos y externos del país.

 

La invasión militar estadounidense ha sido una verdadera catástrofe para la sociedad panameña. Se destruyeron barrios enteros, como El Chorrillo, con un saldo trágico de miles de muertos, heridos, desaparecidos y damnificados. Se causaron daños emocionales de extrema gravedad a la población, sobre todo a los niños, quienes experimentaron los horrores de la guerra. Se destruyeron enormes riquezas económicas, bienes materiales y centros de producción y servicios, lo que ha costado al país cientos de millones de balboas.

 

Y de manera especial, debemos señalar el retroceso que ha sufrido el histórico proyecto nacional panameño de construir un Estado independiente y soberano.