Nils Castro

ALAI, América Latina en Movimiento

25 de enero 2014

 

Los dueños de Sacyr e Impregilio están cometiendo en nuestro país un error que les saldrá más caro de lo que se figuran. Cosa nada rara entre las grandes transnacionales de la construcción, cuando la obra de expansión del Canal ya tenía casi un 70 por ciento de avanzada, al final de diciembre le presentaron un ultimátum a la Autoridad del Canal de Panamá: o se les pagaba en un plazo perentorio una suma tan enorme como antojadiza por unos supuestos sobrecostos, o ellos paralizaban los trabajos. Proceder semejante a cualquier caso de extorsión.

 

¿Cómo explicar que estos caballeros, que ya fueron tan hábiles para idear el mejor diseño del proyecto ahora caen en esa torpeza? Probablemente tuvieron muy mala asesoría local. Cabe que hayan pensado que, si Panamá hace más de siete años experimenta un notable crecimiento económico, pero ahora tiene un gobierno manirroto que sin mayores auditorías reparte contrataciones directas, adendas, subsidios y sobrecostos a expensas de diversos proyectos estatales, ¿por qué no sacarle más de mil millones adicionales?

 

Cabe suponer que sus asistentes y amigos locales, así como tampoco el embajador ibérico, les advirtieron que para los panameños el Canal y la entidad autónoma que lo administra, no son un recurso o una inversión más, sino la niña de los ojos de este país. Ni los amos del consorcio, ni los apátridas nativos que los sirven, tenían el ADN nacional requerido para percibir lo que la empresa canalera significa para la sensibilidad de una nación que se formó como tal peleando este mismo pleito desde los tiempos del ferrocarril interoceánico y la Tajada de Sandía, hace más de siglo y medio.

 

Lamentablemente, la crisis de finales de los años 80, la invasión militar estadunidense en la Navidad de 1989 y el tsunami neoliberal que las siguió devastaron moralmente a la República, hasta el extremo de que su pueblo fue capaz de elegir un gobierno tan peculiar como el que ahora reina en el país. Pero, parafraseando la conocida advertencia de Omar Torrijos, no hay mal régimen que dure demasiado ni pueblo que se lo aguante. Y la permisividad de este pueblo ya está llegando a su límite.

 

Por supuesto, dicho consorcio transnacional tiene sobrados recursos para gastar en la compra de voceros y versiones con que engañar a la opinión pública local y extranjera. Pero como Panamá es un país grande por sus proezas históricas pero pequeño de tamaño, pronto corrió la voz de que determinados miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal habían “recibido llamadas”. Y, a la vez, en los medios ya asoman ciertos expertos alarmando con el supuesto desastre fiscal que al país le ocasionaría una demora de las obras de expansión del Canal, o ingeniándose para desacreditar las motivaciones de la firmeza moral y técnica de la administración canalera.

 

Lo que no dicen es que las demoras reales que la obra tuvo se han debido a una deficiente administración de los trabajos, o a la actual lentitud con la que se quiere chantajear a la empresa.

 

Sin embargo, poco vale el pretexto de que la licitación fue mal adjudicada porque Sacyr ya estaba cuestionada cuando concursó, dado que el socio más fuerte y beligerante en esta maquinación es la próspera Impregilio. Y menos aún alegar que el contrato debió haberse adjudicado a otro concursante, una vez que el “otro” es la imperial Bechtel, cuyo prontuario sonrojaría a cualquier competidor europeo (si alguien lo duda puede buscar, por ejemplo, el historial de los sobrecostos del metro de Boston). Como tampoco vale la excusa de que se otorgó un contrato “secreto”, ya que desde el inicio este ha reposado en la página web de la Administración del Canal, la cual hace años entrega copias a quienes las solicitan.

 

La Administración del Canal ha rechazado con tranquilidad todos los amagos y presiones. Y, por si faltase, reitera que si el consorcio persiste en la soberbia de su error, la Autoridad canalera está en capacidad de terminar la obra sin las demoras con las cuales los voceros (oficiales u oficiosos) del consorcio buscan intimidar a los panameños y al mercado naviero. En lo que a negociar se refiere, Panamá ya ha tenido éxito frente a contrapartes bastante más poderosas y en tiempos más difíciles. Si ahora la empresa canalera asume y concluye la obra bajo su propia responsabilidad, nuestro país volverá a ganar el renombre que antes ya obtuvo.

 

Por su parte, los mayores integrantes del consorcio se ganarán todo el desprestigio que les corresponderá. En cuanto a sus corifeos, lo de menos son quienes antaño se opusieron al proyecto de expandir el Canal, que en ese entonces se equivocaron y ahora procuran justificarse con sus antiguos argumentos, sin reparar en que estos, más que excusarlos, pasan por alto las deficiencias del consorcio y su actual intento de esquilmar a nuestra nación.

 

El caso grave es otro, el de quienes aceptan las “propinas” de las transnacionales que capitanean el consorcio. Por suculentas que estas sean, al tomarlas condenan a sus familias a largas vergüenzas, pues ellos no pasarán a la memoria del país como meros vendidos sino como traidores a la patria. Ignoro qué implicaciones legales eso tenga, pero su escarnio será interminable.

 

 

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