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Roberto Pinnock

 

 

El gobierno del grupo Banco General-Varela-Vallarino está insinuando introducir el tema de la integración en la salud pública; al respecto, es pertinente que tengamos presente algunas ideas en aras de que no nos tome desprevenidos a la hora que este debate se encienda.

 

En primer lugar, existen dos grandes opciones de integración en los servicios de atención de salud, a saber: Una que alude solo a la coordinación de servicios entre el MINSA y la CSS.  En esta modalidad de integración, se admitiría a toda la población acceder a una consulta, hospitalización etc. en cualquier establecimiento de cualquiera de las dos entidades.  Al final del año, el MINSA  le pagaría a la CSS por los servicios prestados a los no asegurados y la CSS le pagaría al MINSA por los asegurados atendidos en sus establecimientos (pago contra acción ejecutada).

 

La buena noticia aquí es que una moradora de, por ejemplo, Pacora que no tiene seguro social, no estaría sujeta a que le expulsen a su bebé antes del tiempo reglamentario de hospitalización porque no cuenta con el recurso suficiente para pagar los servicios que un establecimiento como el hospital 24 de diciembre (regentado por la CSS) tiene estipulado que debe pagarse.  Además, ciertamente es más económico para la población que lo que ahora tenemos.

 

La mala noticia es, que hay el riesgo de que el MINSA no haya contemplado en su presupuesto las partidas correspondientes para honrar sus compromisos con los no asegurados que se atenderían en los establecimientos de la CSS, dando lugar a que esta entidad asuma esta responsabilidad, reduciendo su capacidad para hacerle frente a sus propios compromisos.  Dado que esta mantiene su independencia relativa del MINSA, llegaría a suspender unilateralmente el acceso a los no asegurados como en el caso del hospital  24 de diciembre y los demás de la CSS.  Por lo demás, esta modalidad no tiene la fuerza para detener la tendencia mercantilizadora de la salud del país.  De aquí, participaría de la lógica del aumento de precios de manera arbitraria, haciendo más oneroso el gasto del MINSA de lo que realmente debería ser.

 

La segunda modalidad, es la que crearía una única entidad responsable de producir los servicios de salud, lo que implica fusionar todos los del  MINSA con los de la CSS, para lo cual habría que establecer por ley presupuestariamente el porcentaje de gastos e inversiones que generarían los no asegurados (sea de fuentes impositivas, sea de aportes de recursos acopiados por el tesoro nacional) y añadirlo al porcentaje de las cotizaciones retenidas para los actuales programas de salud de la CSS.  La creación de esta nueva entidad, con su propio presupuesto, supondría que la Caja solamente se dedicaría a las prestaciones económicas (pensiones, subsidios por incapacidad, etc.) y el MINSA sería el garante del cumplimiento de las normas técnico-sanitarias.

 

La buena noticia es, que se estaría creando las condiciones para una auténtica atención universal, es decir, una verdadera “Salud igual para todos”, que hoy solo existe en los documentos oficiales.

 

La mala noticia es, que los grupos con intereses privados y que lucran con los servicios de salud, arremeterían contra tal modelo y el gobierno actual no estaría en disposición de enfrentarlos.

 

Frente a la mercantilización creciente de la salud en Panamá, esta modalidad de integración es la que las fuerzas del pueblo deberíamos respaldar, si creemos que la salud no es una mercancía sino un derecho humano.

 

Integración en salud:

¿De cuál hablamos?

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