RIATA     Pensar y actuar a contracorriente

Simón Rodríguez

 

El urbanismo se ha convertido en una forma de despojo que busca imponer de modo absoluto el imperio de las élites económicas locales y extranjeras, apoderándose del medio ambiente natural y necesario para la vida de los panameños. Esta visión se  basa en una lógica de reproducir capital, que cuenta con los mecanismos del Estado para el apalancamiento de riquezas que van a parar a mano de los capitales hegemónicos. Como saldo, la mayor parte de la población es obligada a asumir un elevado costo económico, social y ambiental.

 

El proceso de transformación socio espacial impulsado por el neoliberalismo en nuestras ciudades, promueve una agresiva apropiación de los espacios públicos, la expulsión de pobladores precarios y el ataque, con fines de desalojo, a las barriadas de los sectores medios de la población.  ¿Cuál es el propósito de este despojo? Se trata de convertir en mercancía, de hacer negocio, sobre todo el espacio urbano, la usura con tierras y la apropiación de la renta por los especuladores, las grandes constructoras y el capital financiero.

 

Al igual que los gobiernos postinvasión, sumisos al Consenso de Washington la intervención estatal sirve para asegurar la supremacía del mercado. Pero para el actual gobierno esta supremacía se logra por vía de la construcción de infraestructuras urbanas para facilitar las operaciones mercantiles y financieras, a su vez  propiciar la especulación con tierras. Independientemente de la corrupción denunciada de este proceso de infraestructuración,  el mismo está muy alejado de satisfacer las necesidades de la mayoría popular.

 

En septiembre de 2009, a pocos meses de iniciar su gestión el actual gobierno, se aprueba la Ley 49 que dispone un nuevo avalúo de bienes inmuebles basado en los valores de mercado elevados (burbuja inmobiliaria). Esta Ley hace parte de los mecanismos para recaudar los ingresos necesarios para financiar los megaproyectos, por el otro, facilita el desarrollo del urbanismo neoliberal, traducido en el despojo y la exclusión social de las ciudades. En las condiciones que funciona la economía panameña, no solo sigue intacto el régimen regresivo de los impuestos, sino también se reorganiza el espacio urbano excluyente y se incrementa la deuda pública.

 

Un gobierno que utiliza los recursos públicos para facilitar los negocios de sus allegados, para apuntalar el modelo económico de exclusión social, no repara en la destrucción del ambiente, con la desafectación arbitraria de globos de terrenos destinados a conservar el ecosistema. Tampoco se detiene en la privatización de los lugares públicos tales como lo son los intentos por clausurar y demoler el hospital siquiátrico, así como el propósito de eliminar  los colegios del sector de Paitilla  y vender sus actuales terrenos para dedicarlos a negocios privados. La venta a precio de remate del Centro de Convenciones ATLAPA.

 

Las promotoras, las inmobiliarias y un gremio como la CAPAC  hacen coro con las autoridades. Ellos tienen para la ciudad de Panamá ambiciosos planes para el crecimiento inmobiliario. 

 

Hoy día familias de estratos medios, muchas de ellas que en su desempeño laboral crearon un patrimonio para disfrutar durante su jubilación, además de legarlo a sus primogénitos, se encuentran horrorizadas de perder sus viviendas. Otros profesionales, encontraron en la adquisición de una vivienda, una inversión para obtener una renta que compense el inevitable deterioro de su ingreso de jubilación.  La voracidad del capitalismo salvaje las tiene en la mira, para su desalojo.

 

Una primera expresión de este despojo se traduce en los cambios de zonificación, para facilitar la construcción de viviendas de lujo y espacios dedicados al lucro comercial. Sumado a ello, el gobierno ha emprendido un reavalúo de bienes inmuebles. Por la vía fiscal de una extracción de impuesto basado en un valor de mercado de las viviendas, lo cual implica un gran riesgo ante una inevitable explosión de la burbuja inmobiliaria, que significa una depresión de los valores de mercado.  Bajo estas condiciones, las familias tendrán que vender sus viviendas a precios muy por debajo de lo tasado para el impuesto, dada la asfixia que este representa. Igual en condiciones como las actuales, ya que los ocupantes de estratos medios, incapaces de cumplir con el pago de impuestos exagerados, se ven obligados a venderlas a precios irrisorios, dada la gran oferta que esta medida genera.

 

Para defender sus viviendas, las capas medias de la población tendrán que enfrentar a las fuerzas del despojo y de la voracidad cómplices del gobierno. Ello hace imperativo la participación, la organización y actuar para defender sus derechos. Pero este esfuerzo necesita de la vinculación con otros sectores sociales que también combaten y resisten  el modelo de acumulación neoliberal.