RIATA     Pensar y actuar a contracorriente

Foro de  movimientos sociales en Natá

 

 

Basado en la Proclama de Natá

 

Los movimientos sociales panameños enrumban y fortalecen su lucha contra las políticas hidroenergéticas impuestas dramáticamente y por la vía del Estado, después de la invasión norteamericana. Convocados por la Alianza Estratégica Nacional coordinada por la Cacica Silvia Carrera, más de treinta organizaciones sociales debatieron en un foro realizado en el poblado de Natá de los Caballeros, Coclé, el pasado 24 de enero.

 

Los participantes debatieron sobre los problemas del desarrollo y los usos masivos del agua, y particularmente del tema de las hidroeléctricas, buscando unificar un criterio frente al caos actual que generan las políticas gubernamentales en este sector, las cuales, en lugar de estar resolviendo el problema energético, están más bien degradando el recurso hídrico y sus cuencas, un recurso estratégico para el país, con grandes capacidades para el desarrollo multipropósito nacional.

 

La protesta social no se opone al desarrollo, ni niega las hidroeléctricas como medio de producción de energía. Plantea dar el uso adecuado y ordenado al  recurso hídrico, creando riquezas, distribuyéndolas equitativamente y elevando la calidad de vida, sobre todo de quienes ponen el peso principal del costo social y ambiental de estas inversiones. El Foro expresó su preocupación por el desarrollo de un programa hidroenergético iniciado en los 90s, y que a la fecha,  abarca más de 12 cuencas madres de las 52 existentes en el territorio nacional.

 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informa que en Panamá han sido otorgadas 71 concesiones de hidroeléctricas, entre las que ya están en diseño o construcción y las que están aún en trámite. A esto hay que agregar 22 plantas que están ya funcionando, según los registros de la ANAM del año 2013.

 

Todo esto ocurre en un país de apenas 75.000 km2, de cuencas cortas que corren hacia dos litorales y con crecientes vulnerabilidades ambientales en materia hídrica, que se agravan por nuevos factores de riesgo como los derviados del cambio climático.

 

Sesenta y cuatro de las mencionadas concesiones, o sea la gran mayoría, se concentran en apenas 6 cuencas, todas en las provincias de Chiriquí y Veraguas, cuando el consumo principal está en el corredor interoceánico de Panamá-Colón, a distancias entre 250 km y 500 km del centro de generación. Esto significa que mientras el grueso de la huella hídrica por consumo energético se produce en el corredor interoceánico, el peso del gasto ecológico y social lo soportan fundamentalmente las zonas rurales de dos provincias y seis cuencas, sin recibir ningún beneficio.

 

Cincuenta y cinco de estos proyectos están por debajo de los 10 MW, sin ninguna garantía de sostener un nivel de energía eficiente, porque ninguna trabaja con la regulación apropiada de las aguas, en correspondencia con un país como el nuestro que tiene dos estaciones climáticas. Medianas, pequeñas o micros hidroeléctricas, todas causan el mismo daño ecológico que cualquiera de 100 MW y más. Esto es así porque el impacto de la actividad hidráulica ambiental no radica en la dimensión del proyecto, sino en la exigencia de administrar masivamente el agua: esto es lo que cambia el orden ambiental. Cabe señalar, como referencia, que si sumamos las capacidades instaladas de las 71 hidroeléctricas mencionadas, obtendríamos un total de 978,4 MW equivalentes a lo que podrían producir sólo dos termoeléctricas de gas, en una finca de 15 hectáreas.

 

El programa neoliberal que nos aplican está fundamentalmente montado sobre el despojo de los recursos naturales de la nación así como de las tierras productivas del campesinado. Esto, en vez de promover un crecimiento económico con equidad, estimula la inequidad social, la insostenibilidad ambiental y la violación indiscriminada a los derechos humanos.

 

De esto resulta un desarrollo anárquico e irracional en el país, basado en la dinámica ciega del mercado y no en las necesidades de la sociedad y las limitaciones de la naturaleza.

 

En este marco, el movimiento contra las actuales políticas hidroenergéticas, convocado a instancias de la Alianza Estratégica Nacional pregunta al Gobierno Nacional:

 

• ¿Cómo explican que la cuenca del río Chiriquí Viejo, por dar un ejemplo, con un área de 1.376 km2 y una longitud de apenas 161 km, acoja 17 concesiones hidroenergéticas adicionales a las que ya tiene funcionando, todo lo cual representa un sismo que trastoca en contenido y forma el territorio de la cuenca, junto a su población?

• ¿Cómo es posible que se pretenda expropiar mediante procesos sumariales, al margen de las instancias judiciales constitucionales establecidas, tierras que son propiedad colectiva de los pueblos originarios, por derecho nacional y consuetudinario?

• ¿Tenemos la normativa jurídica adecuada y la capacidad técnico-científica para garantizar la debida gestión integrada del recurso hídrico que exige esta aventura?

• ¿Estamos frente a un desarrollo de negocios energéticos ambientalmente sostenibles, o ante negocios financieros que necesitan simplemente mover depósitos exorbitantes de activos líquidos?

• ¿Hasta cuándo se seguirá considerando a la participación social organizada como parte del problema, cuando es la clave para la solución del desarrollo equitativo y sostenible del país?

• ¿Hasta cuándo carecerán las organizaciones comunitarias de los servicios de formación técnica, del acceso al financiamiento y del apoyo necesario para contribuir como pueden, como deben y como quieren al desarrollo equitativo y sostenible de Panamá?

 

El problema energético no se va a resolver construyendo, por una divina providencia del mercado, cientos de medianas y pequeñas hidroeléctricas ‒que degradarán las cuencas y el agua sin garantizar la sostenibilidad de la oferta‒, sino racionalizando la demanda. Esto requiere promover una nueva cultura del consumo; ordenar científicamente y con visión de desarrollo y equidad, la base hidroenergética de generación; modernizar el parque térmico y diversificar con creatividad la matriz productiva, y garantizar que los subsidios a la producción energética se concentren en los sectores sociales y en las actividades productivas de las regiones más rezagadas en el desarrollo del país.