RIATA     Pensar y actuar a contracorriente

Por J. Juarez

 

 

En los organismos de seguridad del Estado se viene operando un peligroso proceso de transformación interna.  No son hechos aislados o casuales, se trata de acciones concertadas bajo consignas emanadas de las entrañas mismas del poder.

 

Los crímenes o tentativas de crímenes cometidos recientemente por policías contra civiles inocentes (en San Carlos, Villa Zaíta o Río Sereno) son apenas un indicador del proceso de construcción de un perfil del policía transgresor de las leyes, violador de los derechos humanos, apegado al viejo y no superado principio de obediencia debida, que se reproduce gracias a un sistema de impunidad judicial o de blindaje mediante ilegales indultos presidenciales sumado a un número creciente de beneficios (incrementos salariales, viáticos, multiplicación de coroneles o comisionados) y privilegios otorgados desde el poder.

 

 No se trata de un proceso inaugurado en la administración Martinelli.  La modificación del marco regulatorio, en especial la eliminación de la PTJ y el traslado de su personal y funciones del Ministerio Público a la Policía Nacional (como DIJ) se hizo durante la administración de Martín Torrijos.  Lo que ha hecho Martinelli es completar de forma acelerada el proceso de subordinación de la fuerza pública a sus  intereses con la finalidad de conservar el poder a toda costa, porque, si pierde las elecciones de 2014 y se ve obligado a imponer una salida ilegal, la capacidad represora de la fuerza pública será imprescindible para controlar el malestar social.

 

Todas las violentas acciones de represión buscan cambiar el perfil democrático que se intentó dar a la fuerza pública tras su reorganización como entidad  sujeta a un mando civil, después de la invasión norteamericana de diciembre de 1989, y devolverla a los tiempos de antes de 1968 en que era una fuerza represiva del movimiento social y beligerante en los procesos electorales.

 

Policías que disparan perdigones al rostro de manifestantes en Changuinola, que matan a indígenas de la comarca Ngobe y a manifestantes en la ciudad de Colón no siguen un guion diferente de aquellos que mataron a dos niños en un retén de San Carlos.  ¿Cómo entender tanta torpeza cuando vemos a policías de civil, no en patrullas sino en autos particulares, en retenes que no eran retenes, disparando decenas de balas con precisión mortal contra personas a las que no se ha reconocido previamente y que no representaban amenaza alguna?

 

Son muchas las evidencias de que se pretende construir una nueva casta militar para que sirva de guardia pretoriana.  Es evidente que el presidente utiliza al aparato de seguridad del Estado para espiar a sus adversarios.    ¿Cómo se justifica el uso ilegal del Servicio Nacional de Fronteras para reprimir manifestaciones en Bocas del Toro y Colón? 

 

Mientras esto ocurre, los panameños hemos pasado a convertirnos en rehenes del miedo que por un lado produce la creciente violencia delincuencial que se ha apoderado de nuestras calles y el temor a que nuestros victimarios sean quienes están llamados a protegernos.  Adicionalmente, los panameños sienten cada vez más miedo a expresar sus opiniones cuando son contrarias al gobierno.  Lo siente el empresario que sabe que será perseguido con auditorías, el periodista acosado por el poder, el funcionario público que será despedido y el ciudadano de a pie que, asediado por la inseguridad delincuencial, prefiere sacrificar parte de sus libertades y derechos individuales con tal de tener una “mano dura” que le garantice una mínima protección. 

 

El presidente Martinelli confía en que funcionará a su favor el axioma de los psicólogos sociales  y estrategas políticos que sostiene que el miedo estimula el voto por el estatus quo.  En realidad está jugando con fuego. 

 

Los policías en todas partes del mundo están a diario en relación con mafias (incluidas las de cuello blanco), narcotraficantes, informantes, pandillas, internos del sistema penitenciario, etc., y muchas veces resulta inevitable la complicidad y la corrupción, razón por la cual se requiere de contrapesos institucionales capaces de prevenir la penetración del crimen organizado en la fuerzas de seguridad.   El ministro Mulino, al inicio de este gobierno, reconoció este peligro y envió a la Asamblea de diputados una ley que creaba una comisión disciplinaria independiente, pero muy rápido el presidente Martinelli le hizo tragar sus intenciones y palabras y “su renuncia irrevocable” quedó en el cesto de la basura. 

 

La situación hoy es que existe una oficina de responsabilidad profesional (policías que investigan a policías), un sistema judicial venal y corrupto y una situación de creciente inestabilidad política y social a la vuelta de la esquina.

 

Sabemos que hay buenos policías en el país, queremos pensar que prevalecerá la misión institucional de la fuerza pública como garante de la democracia, pero en una sociedad en la que magistrados, diputados, ministros o presidentes protagonizan de forma cotidiana actos de corrupción, es predecible que la cúpula de nuestra fuerza pública termine, tarde o temprano, constituyéndose en una mafia adosada al poder, destinada a proteger los intereses de la plutocracia que nos gobierna en vez de velar por la seguridad de los ciudadanos.