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Roberto Pinnock​



En los últimos meses, hemos observado cómo  se ha puesto en tensión a la administración de justicia con el presunto ánimo de devolverle a la sociedad política (Estado) la credibilidad erosionada por los escándalos de corrupción del Martinellismo, salidos a flote por los medios de prensa.

 

Para comprender lo que ha venido ocurriendo a la fecha, se sugiere tener en cuenta al menos algunas ideas que compartimos aquí.

 

En primer lugar, en el Estado se concitan las clases formadas a partir de su poder en la sociedad civil, no en la aparente formalidad democrática ni electoral.  En Panamá, se trata de los grupos que han obtenido ese poder gracias a su estatus de poseedores de medios que producen abundante riqueza en el marco de la explotación de la fuerza laboral y la especulación financiera y comercial, cuyas acumulaciones datan de principio de la  República por medios lícitos y no tan lícitos.  Estos son los grupos aglutinados en el “Martinellismo” reemplazados en el Estado por los unificados en torno al grupo financiero del Banco General (en adelante grupo BG).

 

En segundo término, la disputa observada a nivel jurídico obedece a la confrontación entre estos dos grupos que pertenecen a esa misma clase poderosa de la sociedad civil panameña. 

 

Los primeros, liderados en su momento por el ex presidente Martinelli, pero en el que participan connotados millonarios como Virci, Btesh y Mello Alemán.   Los segundos, comandados por el archipoderoso grupo BG, cuyos apellidos más connotados aparecen en la junta directiva de la corporación financiera Banco General, a saber: Humbert, Motta, González Revilla y Alemán Zubieta.

 

 

 

De los procesados que no pertenecen a esta clase élite, está la exministra Molinar, para quien sin duda habrá trato especial por su vínculo ideológico religioso con el presidente Varela y Alberto Vallarino (todos miembros del Opus Dei). Además, esta señora fue una fiel colaboradora de la televisora de la que es dueño principal el líder del grupo BG y que viene dictaminando pautas sustanciales del actual gobierno, el señor Motta. Esta condición especial, llevará a que o no la condenen o le impongan una sanción “ligh”.

 

Moraleja, salvo iniciativas de masas del menguado movimiento popular y de las clases medias prodemocráticas, no veremos a la clase dominante panameña encarcelando a sus pares, al menos por tiempos prolongados como debiera ocurrir si hubiese justicia.  La demora de la corte suprema de justicia para ordenar la detención preventiva del señor Martinelli, con subterfugios legalistas, dio lugar a su escapada a Guatemala y Estados Unidos.

 

La otra fuente que variaría esta tendencia de la clase poderosa panameña sería la proveniente del imperio EUA, la que probablemente se suscitará cuando se entre al tópico de las abultadas cifras de lavado de dinero realizadas por Martinelli sin la adquiescencia del establishment gringo.  Ante este segundo factor de poder, la clase dominante comandada por el grupo BG se sometería sin chistear, mientras tanto, la alianza de grupos aristócratas en el poder solo le interesa darle una lección política al grupo Martinelli, por atentar contra su propia clase y darle un ejemplo a los sectores populares, que se conviertan en cómplices de los lumpenburgueses del patio, como los martinellistas.

 

 

La clase se respeta

Este último, está procurando darle una lección histórica ejemplarizante al primer grupo por haber incurrido en el quebrantamiento de las normas no escritas de no agresión entre miembros de la misma clase.  Por haber incurrido en comportamientos de lo que un teórico de la dependencia llamaba “lumpenburgueses”.

 

La agresión está aquí medida en términos del respeto a las esferas de generación de riquezas de estos grupos, esto es, se permite y refuerza que todos ellos exploten a las clases subalternas, pero no se acepta que entre ellos se escamoteen los mega negocios y la libertad de explotación a otras clases que no tienen poder. Esta fue la principal falta en la que incurrió el grupo Martinelli, principalmente contra los del grupo unificado BG. 

 

En tercer lugar, en este proceso de “adecentamiento de la justicia panameña”, cabe esperar que no se condenen a todos los que se enjuicien, no porque no tengan méritos  para las condenas, sino por sus vínculos con la alianza de grupos de la clase social en ejercicio del poder gubernamental.   Es decir, es más probable que se lleve a la cárcel a alguno de los colaboradores inmediatos del Martinellismo no pertenecientes a la clase poderosa (Moncada Luna, Guardia, Ferrufino, Gisell Burillo, Garuz, Pérez, etc.) y que se deje sin condena y hasta sin ser procesados a otros, por el hecho de que pertenecen a la clase aristócrata y que guardan parentesco con el grupo BG. Entre estos, cabe mencionar a Roberto Henríquez (hermanito de Milton Henríquez actual ministro de Gobierno) Frank De Lima (pariente del ministro actual de Economía y Finanzas) y a Alberto Vallarino, quien fue uno de los artífices de la política económica que abrió las puertas al robo masivo de los recursos del pueblo. 

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